La débil capacidad de los Estados para garantizar plenamente los derechos económicos y sociales de una buena parte de la población, -lo que genera pobreza, inequidad y situaciones de exclusión social, tales como el desempleo abierto y la carencia de trabajo decente, la violencia intrafamiliar, la drogadicción, el alcoholismo y, en general, la falta de oportunidades-, coloca a niños, niñas y adolescentes en una situación de gran vulnerabilidad frente al abuso y la explotación sexual. Por otra parte, la debilidad de los sistemas institucionales de protección y atención también contribuye a crear las condiciones sociales y materiales que fomentan la existencia de la explotación sexual de personas menores de edad. Asimismo, las construcciones culturales sexistas y adultocéntricas hacen que los niños, niñas y adolescentes se conviertan en presas fáciles de personas adultas inescrupulosas que las someten a actividades sexuales bajo la promesa de alguna compensación económica o de cualquier